La Constitución española de 1978, por primera vez en la historia de nuestro constitucionalismo, recoge una proclamación del derecho a la educación y a la libertad de enseñanza. Sin embargo, y aquí comienza ya el problema, durante el debate constituyente se enfrentaron claramente dos posiciones, una “liberal” y otra de izquierda, lo que estuvo a punto de romper el consenso constitucional, para acabar en el prolijo y ambivalente artículo 27 (http://www.congreso.es/consti/constitucion/indice/titulos/articulos.jsp?ini=27&tipo=2).

Este punto de partida es el que ha propiciado que, en los últimos 30 años, haya habido 7 leyes que han “pretendido” llevar a cabo una reforma educativa. Y esto sin contar intentos fallidos, el último propuesto, el 27 de enero de 2010, por Ángel Gabilondo, el último ministro de Educación del anterior gobierno (http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/horizontales/ prensa/documentos/2010/conferencia-sectorial-propuesta-pacto.pdf?documentId=0901e72b 800adfb5).

¿Qué sucede en España para que, al contrario de lo que pasa en tantos otros países, nuestras fuerzas políticas no sean capaces de ponerse de acuerdo y de lograr ese gran pacto social que todos estamos deseando y, creámoslo o no, necesitando? Ese que, de una vez, dé el empujón definitivo a nuestra educación y que nos permita tomar el tren de la modernidad y no seguir dando palos de ciego y anclados en el fracaso.

Pues bien a pesar de la importancia capital de este asunto, el barómetro del CIS realizado durante los días 3 a 11 de noviembre de 2010, muestra que los problemas que afectan a las personas encuestadas son, en primer lugar el paro (34.5%), en segundo lugar, los problemas económicos (23.4%) y en tercer lugar, las pensiones (6.2%). Seguidos de éstos, se encuentran la política, la vivienda, la inseguridad ciudadana y la educación. Una clara muestra de la tendencia cortoplacista que “afecta”, ¿por igual? a nuestros políticos y a nuestra sociedad. Siendo tendenciosos, alguien podría pensar que, puesto que no es un tema prioritario, no hace falta preocuparse por él.

Sin embargo, y sin demoras, debemos mejorar un sistema estancado, insuficiente para mantener el nivel de vida económico y ético (¿dónde ha quedado este concepto?) que queremos mantener. Un sistema que no alcanza una buena calificación en ninguno de los cuatro criterios de evaluación a que se somete: el índice de fracaso escolar, el índice de abandono escolar, la medición internacional de competencias (por ejemplo, el Informe Pisa muestra que las competencias en lectura, ciencias y matemáticas están bastante por debajo de los países de nuestro entorno), y la empleabilidad de los jóvenes. Nuestros resultados no son buenos y, en algunos aspectos, son preocupantemente malos. Sólo 74 de cada 100 alumnos obtienen el título de graduado en educación obligatoria, de los que, una vez rebasados los 16 años, únicamente 53 continuarán estudiando. ¿Nos lo podemos permitir?

Pues bien, hace unos días, José Ignacio Wert, el nuevo ministro de Educación y Cultura presentó sus planes. ¿La reacción? Portavoces de patronales y sindicatos, así como los gestores educativos de administraciones autonómicas de distinto signo político, se refieren, en público o en privado, a su «ligereza», «improvisación» y «desconocimiento». Y, si se revisan los titulares de prensa, parece que lo único importante de nuestra Educación fuera la asignatura de Educación para la Ciudadanía. ¿Era necesario resucitar un debate absurdo, ideologizado y anacrónico?

Aunque también habló de cambiar la duración de la ESO y el bachillerato, de seguir el modelo alemán, que involucra a las empresas, en la Formación Profesional, de la enseñanza generalizada en inglés, y de un nuevo Estatuto del docente que tenga muy en cuenta la formación y la selección de profesores (algo parecido al MIR de los médicos)… No parece que se hayan tenido muy en cuenta las opiniones de los expertos ni los modelos utilizados en países que han conseguido grandes éxitos recientes: Finlandia, Corea, India…

Si queremos darle un vuelco a la actual situación y en un tiempo razonable, no podemos permitirnos más retrasos, ni centrarnos en los contenidos, debemos ir al centro del problema y mejorar el sistema, la manera de enseñar y a los que la tienen que poner en práctica.

Para empezar, la educación debería estar despolitizada. Es demasiado importante para dejarla sólo en manos de los políticos, que suelen utilizarla únicamente para sus propios fines. No parece razonable que cada comunidad autónoma tenga su propio modelo y que se estén produciendo grandes diferencias de calidad entre unas y otras.

Otro aspecto importante es que, al contrario que en otros ámbitos (sanidad, investigación…) no se trata de disponer de más medios, probablemente disponemos de los necesarios, el 4′5% del PIB, sino de utilizarlos con mayor imaginación y eficiencia.

Y aquí entramos todos. Aunque la Enseñanza debe cubrir la faceta de formar a nuestros niños y jóvenes, los padres no podemos delegar en la escuela nuestra obligación de educar. Por tanto, debemos tener maestros y profesores más formados y motivados… Pero también, ser mejores padres, más sensibilizados y comprometidos con el presente y el futuro de nuestros hijos.

Debemos conseguir, a través de las APAS (Asociaciones de Padres de Alumnos), de las asociaciones de profesores y de nuestra involucración con nuestros hijos y colegios, crear no sólo un mejor modelo, de calidad, sino un contexto rico en el que los niños y jóvenes se sientan apoyados y tengan mucho más fácil desarrollar su talento, aprender y crecer como personas autónomas e independientes.

Hay que fomentar el esfuerzo, la constancia, los valores éticos y, también y simultáneamente, la creatividad, la reflexión, el pensamiento propio, la lectura, el amor por la propia lengua (mejorando la comprensión lectora y la ortografía) y el dominio de otras, el respeto por la naturaleza, el saber exponer las ideas propias ante los demás, la asertividad, el espíritu emprendedor…

Hay que evolucionar hacia una sociedad que no fomente la titulitis ni el que parezca obligatorio tener una carrera universitaria y/o un máster. Ya tenemos claro que la universidad no garantiza el empleo ni el encaje social. Donde a nuestros jóvenes se les ofrezcan alternativas atractivas que les permitan desarrollar su talento, a través de la Formación Profesional o de lo que sea, cuando se acaba la educación obligatoria y no quieren seguir estudiando.

Lo bueno de todo esto es que, aunque parezca imposible, no lo es, como demuestran los modelos que funcionan en otros lugares. Aprendamos de ellos, activemos toda nuestra energía creadora y capacidad de trabajo, negociación y acuerdo (ya hemos demostrado que las tenemos y las sabemos usar cuando hacen falta) y pongámonos, en serio, a trabajar para crear un país de conocimiento, talento y de generación y puesta en práctica de ideas.

En este mundo tan competitivo y globalizado no disponemos ya de mucho tiempo. Así que no dejemos pasar esta, quizás última, oportunidad de formar parte de lo que llamamos países desarrollados, que se caracterizan por ser sociedades basadas en el conocimiento.

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